Mujeres frente al COVID-19 en la cárcel

LAS AGENTES PENITENCIARIAS Y SU PROPIA BATALLA EN PRIMERA LÍNEA 

Por: Johanna Gallegos

johanna.gallegos@pucp.pe

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Son mujeres, algunas son madres y custodian el penal de reclusas más grande que tiene Lima: el establecimiento penitenciario de Chorrillos, donde ya se ha registrado la primera muerte por coronavirus. En esta emergencia sanitaria por el COVID-19, las trabajadores del INPE están expuestas y ponen en riesgo sus vidas mientras el temor de ser contagiadas invade esta cárcel que alberga a más de 850 internas. Ellas buscan cumplir su labor en esta otra primera línea contra el coronavirus, pero piden más apoyo del Estado. 

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El cambio de estación está logrando que el cielo de Lima vuelva a ser gris y que el frío se empiece a sentir. Hay un lugar en el que ese frío se siente aún más: el Establecimiento Penitenciario Mujeres Chorrillos, la cárcel de reclusas más grande de Lima. Este lugar no es ajeno a la emergencia sanitaria. El pasado 12 de mayo murió la primera interna por infección de COVID-19. En pleno avance de la pandemia, las agentes femeninas del Instituto Penitenciario del Perú (INPE), al igual que sus colegas hombres, no han detenido su labor y custodian a diario a las 859 reas que cumplen condenas, en su mayoría, por delitos relacionados al tráfico ilícito de drogas (TID) o robo agravado, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. María, a quien llamaremos así en esta nota, es una de las 45 agentes que cuidan en esa prisión.

Desde hace veinte años, María se despierta de madrugada para ir a la cárcel: se alista, se pone su uniforme y con las botas ya puestas, atiende a su pequeño de 8 años con habilidades especiales. Junto a su esposo, quien también es agente penitenciario, tienen que dejarlo solo por más de cinco horas mientras retornan a casa. Su labor como agentes de seguridad del INPE, nos cuenta ella, le impide pasar más tiempo con su niño. “Es bastante complicado. Cuando mi esposo está de descanso se queda cuidando a mi hijo. Pero igual, así se quede él, cuando vuelvo del trabajo igual siempre hay que limpiar, cocinar y, bueno, todo el trabajo de casa”, dice.

María confiesa que la rutina diaria en el penal la consume. Su voz por el teléfono revela su nerviosismo cuando nos comenta que siendo parte del área de seguridad tiene un horario de “24 x 48”. Esto quiere decir que tienen un día de descanso por dos de turno. A pesar de su cansancio diario intenta mantenerse fuerte por su niño.

SIN PROTECCIÓN

En el penal de mujeres Chorrillos trabajan alrededor de 65 agentes INPE que pertenecen a la división de seguridad. De ese total, aproximadamente 45 son agentes femeninas como María, cuya función principal es controlar y velar por el orden de todo el reclusorio. Ellas tienen contacto directo con las internas. Sin embargo, el número de personal se ha reducido, según informó Gerson Villar, quien era presidente del INPE y presentó su renuncia el pasado 6 de mayo.

Elvia Córdova, técnica de segundo grado, tiene 13 años como agente de seguridad del INPE. Actualmente es jefa de seguridad del penal de Chorrillos.  La llegada del virus impactó a todos, nos asegura. Un notorio cambio se vio, primero, en el número de personal de seguridad y administrativo que hoy labora. Agentes mayores de 60 años o con enfermedades crónicas se están quedando en sus casas. Esta reducción ocasionó cambios de horarios para las guardias de seguridad que sí están en actividad como es el caso de María. “De 27 personas que eran por grupo, en personal femenino, ahora cuento con 20 en cada grupo”, señala Elvia. 

En abril, se identificó al primer infectado de COVID-19 dentro de un establecimiento penitenciario: un agente que laboraba en el área externa, fuera de los pabellones y patios de la cárcel. Este fue aislado en su domicilio por 14 días siguiendo el protocolo de seguridad del Ministerio de la Salud (Minsa). Hasta el cierre de este informe, hay un total de 12 agentes del INPE fallecidos por coronavirus. Todos ellos adquirieron la enfermedad en cumplimiento de sus funciones en esta otra primera línea.

En abril, se identificó al primer infectado de COVID-19 dentro de un establecimiento penitenciario: un agente que laboraba en el área externa, fuera de los pabellones y patios de la cárcel. Este fue aislado en su domicilio por 14 días siguiendo el protocolo de seguridad del Ministerio de la Salud (Minsa). Hasta el cierre de este informe, hay un total de 12 agentes del INPE fallecidos por coronavirus. Todos ellos adquirieron la enfermedad en cumplimiento de sus funciones en esta otra primera línea.

Desde que se conoció el primer caso, el temor dentro de las prisiones, como en Chorrillos, incrementó. El miedo era compartido: lo sentían las reclusas y lo sentían sus custodias, como María. ¿La razón? El personal activo -las y los agentes- no tenían los implementos de bioseguridad necesarios y recomendados por el Minsa. Es decir, no contaban con mascarillas NK-95, guantes quirúrgicos ni alcohol en gel. El único material de protección que habían recibido era de material desechable como mascarillas simples.

Fuente: MINJUS

Fuente: INPE

PRESUPUESTO PARA SALVAR VIDAS

El pasado 29 de abril, la Contraloría General de la República señaló en un informe que el INPE solo gastó un 10,81% de los S/. 10’000.000.00. El documento del órgano de control advirtió una posible deficiencia en el sistema de prevención si es que no se ejecuta rápidamente el monto. Habían pasado 37 días desde que se transfirió el presupuesto. Casi una cuarentena.

Hasta la fecha y a pesar de que el expresidente del INPE, Gerson Villar, señaló a la prensa antes de renunciar que estaban trabajando para ejecutar todo el presupuesto asignado, aún no se ha evidenciado cifras de gasto que vayan más allá del 20%, es decir, solo 10% más de las publicadas por la contraloría, según el portal de Transparencia Económica del MEF, consultado por La Antígona el último 11 de mayo. Desde el INPE, a pesar de la consulta a través de la Oficina de Prensa, no se han pronunciado al respecto.

Fuente: Consulta Amable COVID 19 - MEF

Este retraso en la ejecución del presupuesto ha ocasionado que las mismas agentes, como María y sus compañeras, busquen alternativas para protegerse. Ellas están elaborando sus propias mascarillas y mandiles. Empresarios aliados están colaborando con donación de telas y materiales. “Nosotras somos los únicos que estamos allí, dando la cara, porque el personal igual se queja. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como miembros o directivo de ese penal. Lo único que podemos hacer es pedir aliados”, nos dice Elvia, la jefa de seguridad,  con un tono que mezcla  su decepción y desesperanza. Parece asumir que la situación no cambiará para con ellas. 

SOLAS Y EN PRIMERA LÍNEA

El miedo ante posibles contagios no es el único temor que ronda el penal de Mujeres Chorrillos. Según datos contabilizados por el Ministerio de Justicia (Minjus), se han producido un total de 16 motines en el país durante los 50 días que llevamos del aislamiento social obligatorio para frenar la pandemia del COVID-19. Ninguno tuvo lugar en un penal de mujeres, hasta ahora. Sebastián Villagómez, abogado de la Dirección General de Asuntos Criminológicos del Minjus, explica que esto se debe a las diferencias y características propias de internos varones e internas mujeres. Es decir, es por un tema de género. “Ellas no tienen ese componente violento que sí presentan los varones”, nos señala. A fines de abril, en el penal Miguel Castro Castro de hombres murieron 9 internos tras el motín por reclamar atención y protección por el avance del coronavirus.

Fuente: Rodrigo Abd

Pero María dice que un posible motín en el EP Chorrillos no sería irreal. Cuenta que, ante la desprotección por parte del Estado y las condiciones de los penales, las internas han tomado posturas rebeldes. El orden y disciplina es cada vez más difícil de conseguir. “Las chicas están bastante preocupadas. Están inquietas por ya hay chicas que están con el COVID y eso las tiene asustadas y molestadas”, nos dice. Ella y sus compañeras tratan de calmarlas, pero sienten que a diario tienen que estar preparadas para cualquier revuelta.

Intranquilidad y preocupación es el sentimiento que comparten las internas y las agentes. Cuando se decretó el estado de emergencia sanitaria por el avance del COVID-19, parte del parte del personal administrativo que incluye a psicólogos, abogados y asistentes sociales dejó de acudir al penal e hizo trabajo remoto. Las agentes de seguridad del INPE, como María y Elvia, fueron las únicas que permanecieron dentro del establecimiento y lo siguen haciendo. Al no tener apoyo de las otras áreas, ellas sienten todo el peso sobre su labor de custodiar un penal de 859 mujeres, donde no son pocos los casos de internas, madres y gestantes que reciben tratamiento psicológico. Solo son 15 agentes para controlar y atender a todas. “Hay internas violentas, otras tienen problemas de depresión, pero la situación, ahora con el miedo de contagiarse, se han puesto más rebeldes. Muchas veces no hacen caso, ya cuesta ponerles en orden”, se queja una de las agentes entrevistadas. La cárcel, reconoce, es un lugar donde hay todo tipo de historias.

Según datos del Minjus brindados por Villagómez a La Antígona, la mayoría de penales están hacinados porque presentan una capacidad máxima de 39 mil unidades de albergue para los casi 906.870 internos entre varones y mujeres. La abogada especialista en temas de mujeres privadas de la libertad para el Programa de Asuntos Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo (PAPP), Keysi Gallegos, coincide sobre la existencia de un estado de hacinamiento en las prisiones en nuestro país y afirma que esta condición exige un mayor trabajo de custodia por parte de los trabajadores del INPE.

Elaboración de La Antígona

Actualmente, las agentes penitenciarias trabajan dos días seguidos y descansan cuatro días. Gallegos, sin embargo, señala que las condiciones en las que trabajan, duermen y se alimentan dentro del penal de Chorrillos no son las mejores. “No hay que olvidar que las agentes son tan servidoras públicas como el que trabaja en el Ministerio de Economía, etc. Las condiciones en las que ellas se desarrollan no son aptas”, precisó la abogada. Asegura que si antes les costaba, ahora con el avance del coronavirus dentro de las cárceles todo es más complicado. Es más duro. Aunque, ellas mismas son conscientes de su labor. “Para eso me han preparado”, le han respondido muchas. Pero que también les gustaría que el Estado las reconozca como están haciendo con otras profesionales.

Al ser consultado sobre la ausencia de otros profesionales en las cárceles como el personal administrativo o los psicólogos, Villagómez respondió que ahora sí están asistiendo y que su presencia es esencial en los penales. “Es un error que se ha subsanado, aunque sí se ha dado preferencia al trabajo virtual”, reconoció. Antes de presentar su renuncia, el expresidente del INPE Gerson Villar, declaró al diario Gestión que se habían contratado a 100 médicos, 100 enfermeras y 150 agentes de seguridad para reducir la carga laboral de las actuales trabajadoras y asegurar la atención de necesidades de las internas.

MÁS MEDIDAS

El pasado 22 de abril, tras el incremento del número de infectados de COVID -19 en los penales, el presidente Martín Vizcarra aprobó el Decreto Supremo 004-2020, que brinda lineamientos para la evaluación de casos de internos que podrían tener gracias presidenciales debido a la crisis sanitaria. Es decir, que se tramitarán indultos dada la coyuntura de crisis mundial por la pandemia del coronavirus.

Fuente: Ministerio de Justicia

La Comisión de Gracias Presidenciales del Minjus recomendará, según explicó Villagómez, dar este beneficio penitenciario a quienes sean madres y permanezcan con sus niños o niñas en la cárcel, a quienes se encuentren en estado de gestación o madres que tengan condenas próximas a vencer. También a personas mayores de 60 por encontrarse como grupos vulnerables al contagio. siempre y cuando no se tengan delitos graves o reincidentes. “Se debe valor la participación de las internas en el tratamiento y su conducta (...) En los 68 penales la administración penitenciaria va detectar de oficio los posibles casos”, dijo el funcionario.

La Defensoría del Pueblo está supervisando este decreto supremo. Gallegos indicó que la medida es viable. Sin embargo, algo desconfiada, reconoce que el proceso será de arduo trabajo pues se necesita revisar cada caso a detalle. Aun así, se espera que contribuya a la reducción del hacinamiento y, por consecuencia, también favorezca al personal penitenciario cuyos esfuerzos por mantener el control parecen estar al límite. “Va generar que se pueda desconcentrar y facilitar la albora la agente penitenciaria”, sostuvo.

El último 26 de abril, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda y las autoridades del INPE, recibieron un lote de 110 mil mascarillas comunitarias lavables y adquirieron 13.000 pruebas rápidas para ser aplicadas a todo el personal. Hasta el cierre de este informe, el proceso de entrega de estos implementos en los 68 penales del país continuaba con lentidud, así como la toma de muestras para diagnosticar infectados de COVID-19. 

Sin embargo, el último 19 de mayo durante una entrevista en RPP, el ministro aseguró que se hallan ejecutando estrategias que prioricen el aseo y desinfección de las 68 cárceles peruanas. También, confirmó la existencia de anillos de salubridad que consisten en la medida de temperatura, desinfección de calzado y de manos a quien ingrese a los recintos. Por último, señaló que ya se había finalizado la entrega de mascarillas en todos los penales recalcando que este proceso era verificado por la Oficina de Asuntos Internos del INPE. 

Fuentes: Prensa

Las cartas están puestas sobre la mesa para asegurar la protección de las agentes como Elvia, María y el resto del personal penitenciario, quienes por su labor -así como otros profesionales en primera línea- también están con temor de sumarse a las cifras de infectados de coronavirus en el Perú. 

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